La extradición entre Perú y España es un proceso complejo que suele generar una gran incertidumbre para quienes lo viven de cerca. Conocer los pasos legales, los derechos del extraditado y las posibles vías de defensa es fundamental para afrontar este tipo de situaciones con garantías.
En este contexto, entender cómo funciona el tratado bilateral entre ambos Estados, así como el papel que desempeñan los tribunales y los ministerios implicados, puede marcar una gran diferencia en el desenlace del caso.
Perú es actualmente el país de habla hispana con mayor número de procesos de extradición hacia España, lo que convierte esta vía de cooperación jurídica en una realidad cada vez más frecuente. En Pellicer & Heredia, hemos acompañado con éxito a numerosos clientes en procedimientos de extradición.
¿Cómo funciona la extradición entre España y Perú?
Como se ha mencionado, la extradición es un procedimiento legal de cooperación jurídica a través del cual las autoridades de un Estado entregan a una persona a las de otro Estado que la reclama. El objetivo es que esa persona sea juzgada en el segundo Estado o que cumpla una pena que ya le haya sido impuesta.
En el caso que nos ocupa, Perú y España, se rige por el Tratado de Extradición entre la República del Perú y el Reino de España, firmado en Madrid el 28 de junio de 1989, acuerdo que ha sido objeto de enmiendas posteriores en los años 2008 y 2011. Este tratado, junto con las legislaciones internas de cada país (Ley 4/1985 de Extradición Pasiva en el caso de España y la Ley N.º 28824 de Cooperación Internacional en Materia Penal en el caso de Perú) regulan dicho procedimiento.
Requisitos y condiciones para conceder la extradición
La extradición generalmente se concede bajo los siguientes principios y condiciones:
Existencia de un delito grave
El delito por el cual se solicita la extradición debe ser considerado grave y estar tipificado como tal tanto en la legislación del país requirente como en la del país requerido (principio de doble incriminación).
Tratado o acuerdo de reciprocidad internacional
La extradición suele concederse en cumplimiento de un tratado de extradición bilateral o multilateral entre los Estados involucrados. En ausencia de un tratado, suele aplicarse el principio de reciprocidad, donde un Estado accede a extraditar con la condición de que el otro Estado haría lo mismo en una situación similar.
Finalidad judicial o de cumplimiento de condena
Se aplica cuando la persona es requerida para ser procesada judicialmente por un delito cometido en el país solicitante, o para cumplir una condena de prisión ya impuesta por sus tribunales.
Delitos considerados extraditables
Delitos como asesinato o tentativa, lesiones graves, tráfico de drogas, terrorismo, fraudes económicos (robo, estafa, blanqueo de capitales, soborno/cohecho, malversación, fraude fiscal, ciberdelitos, …), contra la libertad sexual (violación, abusos sexuales, …), crimen organizado, secuestro, extorsión, trata de personas y crímenes contra la humanidad suelen ser considerados extraditables por la mayoría de los Estados.
Excepciones a la extradición
Generalmente, se excluyen de la extradición los delitos políticos, los delitos militares, o cuando la persona puede ser sometida a tortura, pena de muerte o un juicio injusto en el país solicitante. Si existen motivos fundados que la persona será perseguida o castigada por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o sexo se suelen denegar de igual manera la extradición.
Limitaciones por nacionalidad
Un gran número de países tienen limitaciones para extraditar a sus propios nacionales, pudiendo optar por juzgarlos en su propio territorio.
Principios que rigen para que se conceda la extradición
La extradición entre Perú y España debe ajustarse a una serie de principios jurídicos fundamentales que garantizan la legalidad del proceso y la protección de los derechos del reclamado. Estos principios actúan como criterios esenciales para que una extradición pueda ser concedida.
Principio de doble incriminación
Este es un requisito fundamental. Para que se conceda la extradición, el hecho por el cual se solicita debe ser considerado delito y estar tipificado como tal en las legislaciones de ambos países (Perú y España), y ser punible con penas de cierta gravedad (generalmente, penas privativas de libertad de al menos un año). No se exige que la denominación del delito sea idéntica, sino que los hechos subyacentes sean delictivos en ambas jurisdicciones.
Principio de especialidad
La persona extraditada solo puede ser juzgada o cumplir condena por el delito o delitos por los que se concedió la extradición. No puede ser procesada por otros delitos cometidos con anterioridad a la extradición, a menos que el Estado que concede la extradición lo autorice expresamente.
Principio de “non bis in idem”
La extradición no se concederá si la persona ya ha sido juzgada o condenada por los mismos hechos en el país requerido, o si ya ha cumplido la pena o la misma ha prescrito.
Solicitud formal y documentación necesaria
La solicitud debe hacerse por escrito y transmitirse por vía diplomática, o a través de las autoridades centrales designadas por cada país.
Debe incluir toda la documentación necesaria, que permita a la autoridad del país requerido evaluar la legalidad y procedencia de la solicitud. Entre dicha documentación se debe adjuntar:
- La sentencia condenatoria, el auto de procesamiento o una resolución judicial equivalente.
- Una descripción clara y detallada de los hechos imputados.
- Los textos legales aplicables, incluyendo: la tipificación del delito, la pena correspondiente y la normativa sobre prescripción del delito o de la pena.
- En su caso, copia de la normativa relativa a la detención o prisión preventiva.
Es fundamental que la solicitud esté correctamente fundamentada y completa desde el inicio, ya que cualquier omisión o defecto formal puede generar demoras o incluso la denegación del proceso.
Fases del procedimiento de extradición entre Perú y España
El proceso se desarrolla en varias fases bien definidas, que combinan actuaciones administrativas, judiciales y políticas. Conocer cada etapa es clave para entender cómo avanza el procedimiento y qué puede esperar la persona reclamada en cada momento.
Fase gubernamental o administrativa
El Estado requirente (Perú o España) presenta la solicitud de extradición a través de la vía diplomática o de las autoridades centrales. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país requerido la recibe y la remite al Ministerio de Justicia, que realiza una primera evaluación formal.
En casos de urgencia, se puede solicitar la detención provisional de la persona mientras se prepara la solicitud formal.
Fase judicial ante la autoridad competente
Una vez que la solicitud se considera formalmente correcta, se remite a la autoridad judicial competente (en España, la Audiencia Nacional; en Perú, la Corte Suprema).
La autoridad judicial examina la solicitud, verifica el cumplimiento de los requisitos legales y del tratado (incluido el principio de doble incriminación). Se celebra una audiencia donde el reclamado tiene derecho a ser asistido por un abogado y a presentar alegaciones. Se le preguntará si consiente la extradición; si la persona consiente y no existen motivos de denegación, el proceso suele ser expedito.
La autoridad judicial emite una resolución declarando la procedencia o improcedencia de la extradición.
Fase ejecutiva y decisión final del Gobierno
Aunque la decisión judicial sea vinculante en cuanto a la legalidad de la extradición, la decisión final sobre la entrega de la persona recae en el poder ejecutivo (el Gobierno), que puede tener en cuenta consideraciones de oportunidad o reciprocidad. Si se concede la extradición, se coordinan los detalles para la entrega de la persona al Estado solicitante.
¿Cuánto dura un proceso de extradición?
La duración de un proceso de extradición entre Perú y España puede variar considerablemente según múltiples factores. Entre los más determinantes se encuentran:
- La complejidad del caso, especialmente si hay varios delitos o jurisdicciones implicadas.
- La gravedad del delito, ya que los delitos más graves suelen implicar un análisis más exhaustivo.
- La cantidad y calidad de las pruebas aportadas, que puede alargar el procedimiento si deben revisarse con detenimiento.
- La necesidad de traducción de documentos, algo común cuando la documentación procede de juzgados o ministerios del país requirente.
- El consentimiento o la oposición del reclamado, ya que si la persona acepta ser extraditada, el proceso puede resolverse en pocos meses; mientras que si se opone, puede prolongarse durante más de un año.
- El ejercicio de derechos de defensa, como la presentación de recursos, alegaciones, informes periciales o solicitudes de medidas cautelares.
- La eficiencia de las comunicaciones diplomáticas y judiciales, tanto entre los Ministerios de Justicia y Exteriores como entre las autoridades judiciales implicadas.
- La carga de trabajo y agilidad de los tribunales competentes, lo cual puede influir en la rapidez con la que se celebren audiencias y se resuelvan las fases procesales.
- La posible intervención de organismos internacionales, en caso de que se aleguen vulneraciones de derechos humanos o se planteen recursos ante instancias superiores.
Como media, si existe consentimiento, el proceso suele ser muy rápido, no mayor de 3 o 4 meses, pero en caso de no consentir, el proceso puede llegar a 2 años.
En este punto es importante recordar que el procedimiento de extradición en España es un proceso garantista que busca proteger los derechos del reclamado, lo que inherentemente consume tiempo. La prioridad es asegurar que se cumplen todos los requisitos legales y que no se vulneran los derechos fundamentales de la persona.
Si la extradición es concedida, la entrega del reclamado debe producirse, según el Tratado, dentro de un plazo de 45 días contados desde la comunicación oficial de la concesión. Este plazo puede prorrogarse si hay circunstancias que lo justifiquen.
El papel del abogado en un proceso de extradición
Un abogado experto en extradiciones es crucial para proteger los derechos de la persona requerida y garantizar que el proceso se lleve a cabo conforme a la ley. Desde P&H aseguramos:
- Asesoramiento legal especializado; explicando al cliente el procedimiento, sus derechos y las posibles estrategias de defensa, evaluando de forma concienzuda la legalidad de la solicitud de extradición.
- Defensa procesal; representando al extraditado ante tribunales nacionales e internacionales, asegurando que se tiene un juicio justo y con todas las garantías de la Ley
- Análisis del país requirente; evaluando si el país que solicita la extradición respeta los derechos humanos y garantiza un juicio justo, oponiéndonos a la extradición si hay riesgo de tortura, pena de muerte o juicios viciados.
- Negociación, diálogo entre Estados y si fuera necesario realizar gestiones diplomáticas o negociar condiciones con las autoridades extranjeras.
- Acceso a recursos constitucionales o internacionales, presentado recursos de amparo o habeas corpus si hay violaciones de derechos, apelando o ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si corresponde.
Si estáis involucrados en un proceso de extradición entre Perú y España, es fundamental actuar con rapidez y contar con el respaldo de un equipo legal especializado. En Pellicer & Heredia, ponemos a tu disposición nuestra amplia experiencia en derecho penal internacional y en la defensa de personas reclamadas por la justicia de otro país.
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