Conoce los aspectos más importantes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea
¿Qué es el Brexit?
“Brexit” es una abreviación de “British Exit”, una expresión utilizada para referirse a la posibilidad de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea, similar a la que se implementó para la salida de Grecia el año pasado, llamada “Grexit”.
Un grupo de partidos políticos británicos del ala conservadora están impulsando un referéndum para que los ciudadanos decidan si quieren permanecer o no como miembros del eurogrupo en 2017, bajo el argumento de que Gran Bretaña sería un país más competitivo si estuviera por su cuenta, aunque los críticos de esta propuesta señalan que se trata también de una manera de poner freno a la inmigración.
Gran Bretaña, sin embargo, tiene una gran independencia de la Unión Europea, comenzando por la independencia monetaria. En aquel país se sigue utilizando la Libra Esterlina en lugar del euro. Tampoco forma parte del área Schengen, una política de fronteras abiertas entre los miembros de la UE que se encuentran en la parte continental.
¿Cuáles serían las consecuencias de un eventual Brexit?
Una de las primeras consecuencias que traería el Brexit sería la obligada renegociación de tratados comerciales con Europa y con el resto del mundo.
El Instituto Nacional de Investigación Social y Económica estima que se reduciría el PIB en por lo menos un 2.25 por ciento, debido a una reducción en inversión extranjera directa. El Centro para el Desempeño Económico tiene un pronóstico más pesimista, pues asegura que la caída del PIB sería de entre 6.3 y 9.5 por ciento, un porcentaje similar al que sufrió el país durante la crisis económica de 2009.
Los grupos pro Brexit, por su parte, aseguran que, al salirse de Europa, Gran Bretaña se liberaría de las regulaciones y normativas del eurogrupo y se convertiría en una nación con un comercio independiente que podría enfocarse en la exportación hacia mercados de gran crecimiento. Sin embargo, los opositores advierten que esta posibilidad cerraría las puertas comerciales a mercados tan importantes como Estados Unidos, que tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero no con Gran Bretaña en solitario, por lo que tendría que negociar uno nuevo.
En el marco del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, Londres planteó una serie de demandas que pueden dividirse en cuatro apartados:
- Soberanía (Integración Política). Cameron reclamó que la UE reconozca el derecho del Reino Unido a no profundizar en uno de los principios fundacionales de la Unión Europea: avanzar hacia una unión política cada vez mayor. El mandatario británico pidió, asimismo, que se otorgue más poder a los parlamentos nacionales de cara a poder bloquear leyes europeas. Londres aboga por un sistema que permita a los Estados miembros adaptar, o incluso vetar, las directivas con las que no estén de acuerdo.
- Competitividad. El Gobierno británico quiere un mercado único más libre y menos regulado por lo que los euroescépticos denominan la «excesiva burocracia de Bruselas». «La UE necesita cambiar para ser más competitiva y poder hacer frente al crecimiento de economías como China e India», indicó Cameron.
- Beneficios sociales y libre movimiento. Londres solicitaba poder restringir los beneficios de los trabajadores comunitarios extranjeros durante sus primeros cuatro años en el país. La medida (la más polémica, ya que contradice el principio de no discriminación de los ciudadanos europeos, se encuentren en el país europeo en que se encuentren) afecta a los llamados tax credits, una pequeña ayuda económica del sistema británico destinada a complementar los salarios más bajos y que, en palabras del primer ministro, producen un «efecto llamada». Según Londres, restringir estos beneficios contribuiría a «contener la presión migratoria».
- Gobernanza económica (Eurozona). Cameron pidió el reconocimiento explícito de que en la UE existen varias monedas, y de que el euro no es la única divisa de la Unión, con el fin de que los países que, como el Reino Unido, no pertenecen a la Eurozona, no se vean perjudicados. En concreto, el primer ministro reclama el compromiso de que los futuros pasos hacia una mayor unión financiera no sean impuestos a los países que están fuera del euro, y pide que el Reino Unido esté exento de la obligación de contribuir a posibles rescates en el seno de la UE. Actualmente, tan solo el Reino Unido y Dinamarca disfrutan de una cláusula que les permite no formar parte de la zona euro. El resto está obligado a adoptar la moneda única en cuanto cumplan los requisitos los criterios (Polonia, Hungría, República Checa, Rumanía, Bulgaria y Croacia aún no lo han hecho).
La propuesta presentada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en respuesta a las demandas del Reino Unido, es la siguiente:
- Soberanía (Integración Política). La UE reconoce que el Reino Unido «no está comprometido con una mayor integración política dentro de la Unión», y subraya que el principio de la subsidiariedad –que Bruselas intervenga cuando sea necesario y deje espacio en lo posible a los Estados miembros para actuar– se debe aplicar «lo más cerca posible del ciudadano», teniendo en cuenta si la actuación a nivel de la UE produce o no «claros beneficios» en comparación con lo que podría hacerse a nivel nacional. Tusk propone también dar a los parlamentos nacionales más poderes, al recalcar que sus opiniones razonadas deben ser tenidas en cuenta por las instituciones comunitarias. Por ello, los parlamentos podrán hacer uso de la llamada «tarjeta roja» en contra de una propuesta legislativa, si el rechazo representa más del 55 % de los votos asignados a los parlamentos nacionales. Los representantes de los países miembros en el Consejo abandonarían entonces la propuesta salvo que sea enmendada para «acomodar» las preocupaciones expresadas.
- Competitividad. El documento establece el compromiso de los socios del Reino Unido a «hacer todos los esfuerzos» para «fortalecer el mercado interior y a adaptarlo al entorno cambiante». Al mismo tiempo, las instituciones comunitarias y los Estados miembros darán pasos concretos hacia una mejor regulación, lo que implica rebajar la carga administrativa y los costes de cumplimiento para las empresas, especialmente las pymes, así como derogar «legislaciones innecesarias». Se evaluará regularmente el progreso hecho a la hora de simplificar la legislación y reducir la carga para las empresas, de manera que se eliminen la burocracia y las duplicidades.
- Beneficios sociales y libre movimiento. Tusk propone cambios en la legislación comunitaria en lo relativo a la «exportación» de beneficios por hijos que viven fuera del Reino Unido, y la aclaración de un mecanismo de salvaguarda para responder a situaciones excepcionales de llegada de trabajadores de otros Estados miembros (lo que Londres denomina «presión migratoria»). En cuanto al primer aspecto, las personas que trabajen en el Reino Unido pero cuyo hijo viva en otro país miembro podrían recibir una cantidad indexada al coste que supone criarlo en el lugar de su residencia. Por su parte, el mecanismo de «alerta y salvaguarda», el llamado «freno de emergencia», podrá ser activado en situaciones de una «magnitud excepcional y durante un periodo extendido», y solo si el sistema de seguridad social se ve afectado en aspectos esenciales, al igual que el funcionamiento adecuado de los servicios públicos. En ese caso, el Consejo podrá autorizar al país miembro afectado «restringir el acceso a los beneficios sociales hasta el punto que sea necesario». Así, el sistema permitiría limitar el acceso a trabajadores comunitarios que entran nuevos en el mercado laboral a los beneficios por un periodo de hasta cuatro años desde el inicio de su empleo, pero la limitación tiene que ser graduada, es decir, desde una exclusión total hasta un acceso gradual mayor a tales beneficios. El enfoque, así como la duración exacta de la aplicación del mecanismo, aún deben ser discutidos entre los líderes de la UE.
- Gobernanza económica (Eurozona). La propuesta establece principios para garantizar «el respeto mutuo» entre los Estados miembros que quieren avanzar en la profundización de la Unión Económica y Monetaria y los que no, como el Reino Unido. La intención es permitir mayor integración dentro de la Eurozona, a la vez que salvaguardar los derechos y las competencias de los países miembros de fuera del euro. Tusk propone para ello un «mecanismo» que dé las garantías necesarias a los países que no pertenecen al área de la moneda única, pero que no puede servir para vetar o retrasar decisiones urgentes, ni medidas que puedan poner en «riesgo la consecución de los objetivos» de la Eurozona. El mecanismo consiste en que al menos uno o varios Estados (aún por definir) que no participan en este proyecto, y sujeto a votación de todos los miembros del Consejo, puedan indicar su oposición a una medida legislativa. La propuesta de Tusk aclara además que las medidas de emergencia y de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera de la Eurozona no supondrán ninguna «responsabilidad presupuestaria» para los países que no tienen el euro o no participan en la Unión Bancaria, y que si el presupuesto de la UE apoya los costes, se garantizará el «pleno reembolso».
No se trata de una respuesta final, puesto que debe aprobarse por el Consejo Europeo.
Posibles impactos de la salida del Reino Unido de la UE
A nivel político, cuando el primer ministro David Cameron convocó a un referéndum para el 23 de junio de 2016, para calmar a los euroescépticos de su partido conservador, nunca imaginó que el Brexit, como se lo ha bautizado, hoy podría decidir y poner en riesgo el futuro de su país y su propio destino político, tras la consulta. En estos días, los pro y anti Brexit tienen escasa diferencia en los sondeos y la posibilidad de una Gran Bretaña fuera de Europa comienza a ser una posible realidad.
Tan cierta como la probabilidad de que Cameron no sea primer ministro tras el referéndum. La campaña por el Brexit y su líder, Boris Johnson, es paralela a un desafío parlamentario a su liderazgo post-referéndum. La preocupación llega a tal punto que muchos expatriados británicos en Europa continental están pensando regresar al reino si el Brexit se impone, ante el temor de perder los beneficios sociales que tienen como europeos y que se eliminarían con un triunfo de la salida de Europa.
Cada día parten 100 británicos residentes en España al Reino Unido. Les preocupa su salud después del Brexit y sus pensiones jubilatorias del Estado, que ahora se adaptan según el índice de inflación en sus países europeos, si Gran Bretaña se va de la UE. En Francia, España, Italia y Alemania miles de británicos podrían perder su derecho a recibir atención de salud por los acuerdos entre Gran Bretaña y el resto de los países europeos.
Un éxodo que está provocando una disparidad poblacional entre los británicos que regresan al Reino Unido y los europeos que están trabajando allí y piensan pedir la nacionalidad británica, para poder seguir residiendo y trabajando. Hay 1.200.000 británicos que viven en la Unión Europea y 2.900.000 europeos que residen y trabajan en Gran Bretaña, según los datos de la ONU.
Dos millones de británicos se quedarían en un «limbo» legal si se consuma la ruptura con la Unión Europea. Los ciudadanos británicos podrían «perder el derecho a vivir en países como España o Francia», según la advertencia lanzada por el ministro para Europa, David Lidington, que ha provocado la inquietud entre los «expatriados».
El informe elaborado por el Gobierno Cameron sobre los efectos del ‘Brexit’ especifica claramente que los ciudadanos británicos residentes en los otros 27 países de la UE podrían perder «el derecho de residencia y de trabajo», así como el acceso a las pensiones, a la sanidad y a los servicios públicos.
En el caso de España, el destino europeo predilecto de los británicos, la situación afectaría unos 381.000 «expatriados» (según los datos oficiales), aunque otras estimaciones como la de la BBC sitúan el número en 761.000, principalmente en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, Murcia y en las islas Baleares y Canarias.
El informe oficial menciona también muy concretamente a Gibraltar y recuerda cómo la salida de la UE afectaría seguramente a los más de 30.000 habitantes de la Roca, que podrían perder el derecho a «la libertad de movimiento y de comercio». El Gobierno británico recuerda cómo la frontera estuvo cerrada de 1969 hasta 1986, en el momento de entrada de España en la Unión Europea.
La situación de los «expatriados» británicos estaría en ese caso vinculada al futuro de los inmigrantes españoles en el Reino Unido (71.000 registrados en los consulados, aunque podrían llegar a 200.000). Las islas británicas -con Londres, Edimburgo y Bristol como principal destino- son hoy por hoy las mayores receptoras de inmigración española en Europa.
Conociendo las dificultades para analizar escenarios de ruptura, no es complicado pensar que los principales impactos se darían en:
- Sector financiero. Un problema nada desdeñable de regulaciones y exigencias de capital distintas, así como impacto si algunos bancos y casas de inversión se ven forzadas a dejar el Reino Unido. El argumento contrario es que el flujo financiero aumentaría hacia las islas por la deriva intervencionista de una UE ex-UK.
- Empleo. Se estiman 3 millones de puestos de trabajo directo e indirecto por pertenencia a la UE. Podría darse un aumento del paro. También se argumenta que Reino Unido crea más puestos de trabajo y no contaría con el flujo migratorio antes mencionado.
- Comercio. Un impacto para ambas partes, que sufriría mientras se renegocian o firman tratados bilaterales. Sobre un total de 430.000 millones de libras, incluso porcentajes pequeños deben valorarse con cuidado.
Para los mercados es claramente un riesgo relevante si la UE pierde a uno de sus contribuyentes netos, sobre todo porque el porcentaje de «pagadores» comparado con «cobradores» convertiría a la Unión en un club de equilibrio mucho más inestable. La realidad es que los impactos no se pueden delimitar fácilmente, aunque siendo cauteloso puede ser perfectamente de un 1-3% del PIB de Reino Unido y un 0,5-0,7% para el resto de la UE en el escenario negativo.
Pero lo que me parece más importante es que el referéndum llega como reflejo del hartazgo ante un modelo de Europa que va contra los principios de libre mercado y apertura que inspiraron la construcción europea y que prefieren los ciudadanos no solamente del Reino Unido, sino de Finlandia y Holanda.
Impacto sobre España
Del lado nacional, España tiene un superávit comercial con Reino Unido del 1,1% del PIB en 2014, año en el que centró el 6,9% de las exportaciones españolas. El ‘Brexit’ podría perjudicar estos flujos comerciales, ya que disminuiría la confianza y el poder adquisitivo –con una depreciación de la libra– de los consumidores británicos.
Asimismo, Reino Unido es el principal destino de la inversión española en el extranjero, con un 14% del total, alcanzando los 48.000 millones en 2013. Los principales sectores en los que está presente España son el financiero (16.600 millones), las telecomunicaciones (15.200 millones), la energía (7.300 millones) y el transporte (2.400 millones).
Se estima que el Banco Santander es depositario de entre el 10 y el 20% de las cuentas corrientes británicas, mientras que Sabadell, a través de TSB, tiene en torno al 5%. El 30% del beneficio de Santander en 2015 provino de Reino Unido, mientras que en el caso del Sabadell este ascendió al 17,2% de las ganancias.
En el caso de un aumento limitado de la incertidumbre, el principal impacto para las entidades nacionales provendría de la depreciación de la libra. En caso de salida de Reino Unido, el aumento de los impagos impactaría en el capital de los bancos, que podrían hacer frente a mayores costes regulatorios al tener que adaptarse a nuevo marco normativo.
Al otro lado de la balanza, Reino Unido representa un 10% de la IDE relevante para España, con unos 30.000 millones de euros en 2013. Tabaco (8.000 millones) y Telecomunicaciones (6.600 millones) son los principales sectores. A ello se le suma el importante turismo británico a España, con 15,5 millones de visitantes de los 68 millones de 2015, que concentraron el 21% del gasto turístico total en España. El mayor impacto provendría de la pérdida de poder adquisitivo de los británicos a través de la depreciación de la libra.
